Que la política en general va por detrás de la sociedad, no es algo nuevo. Y lo mismo ocurre con las leyes. Cada vez que los políticos se ponen a legislar sobre un tema, o este lleva ya varios años activo en la sociedad, o bien cuando requieren investigaciones se quedan con informes de años atrás, ya obsoletos o simplemente yerran el enfoque. Leyes muy lentas significa mala legislación.

APUNTE: los que generan riqueza e innovación son las empresas privadas, con la ayuda de las administraciones, que aplican las leyes y planes que aprueba el gobierno. Hay varios tipos de ayudas, pero en nuestro ámbito, por ejemplo, si una empresa realiza I+D, suelen ser, sobre todo, ayudas de financiación, de facilidad en la contratación o de seguros sociales.
Lo que no debería hacer nunca la administración es molestar con leyes que no se adapten al modelo actual, o que monte empresas públicas para innovar, porque eso es lo mismo que la “música militar”: una contradicción.

Todo esto viene a cuento porque el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia contra la COVID-19 del Gobierno de España va a destinar 500 millones de euros para fomentar la Inteligencia Artificial (IA) durante los años 2021-2023. Se trata de un 0,7% de los 72.000 millones de fondos europeos que corresponden a España y se encuentra en el llamado “Componente 16” del Plan, cuyo título es “Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial” (ENIA).
Podéis ver la información del Plan y sus líneas directrices que publica la web del Gobierno AQUÍ, donde también podéis descargaros el PDF. Hasta aquí la teoría.

Leyes muy lentas: Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia contra la COVID-19 del Gobierno de España.

Pero la práctica no pinta tan bien. Algunos especialistas han avisado que muchos de los puntos que contiene el Plan ya están desfasados. Recuerdan que el documento en cuestión ya lo había presentado Pedro Sánchez en diciembre del 2020 y que es un documento trabajado en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El Gobierno calcula que por cada euro público invertido, el sector privado invertirá otros tres euros.
Espera que esas ayudas consigan un retorno de 3.000 millones sobre el PIB y cree que se pueden crear unos 16.000 puestos de trabajo.

En el “Componente 16” se habla del marco ético y legal, que tendrá que seguir el que anunció la Comisión Europea, que pretende impedir algunos usos de alto riesgo de la Inteligencia Artificial si no se cumplen algunos estándares. Y amenaza a las empresas que no los cumplan con multas de hasta 20 millones de euros o de un 4% de sus ingresos.
Todo esto junto a opiniones de expertos lo podéis leer en un artículo publicado por Business Insider AQUÍ.
En el fondo, la gran problemática del tema es el uso de sistemas de vigilancia masiva que la IA puede traer, por lo que toda esta normativa viene a considerar que la IA atenta contra la privacidad.
También podéis ver lo que dice al respecto EDRi, una asociación internacional sin ánimo de lucro que agrupa organizaciones de derechos civiles de toda Europa y que defiende los derechos y libertades en el entorno digital.

Imagen principal: succo en Pixabay

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